El 9 de febrero de 2024, Ecuador marcó un hito al legalizar la eutanasia, posicionándose como el segundo país de América Latina, después de Colombia, en adoptar esta medida. La decisión judicial surgió del caso de Paola Roldán, una mujer de 43 años que padece de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una condición incurable que la ha afectado desde los 40 años.
La Corte Constitucional de Ecuador, mediante una votación de siete a favor y dos en contra, validó el derecho a la eutanasia, permitiendo así que los médicos asistan a morir a pacientes terminales sin enfrentar cargos penales. Este veredicto desafió el artículo 144 del Código Penal ecuatoriano, que calificaba la eutanasia como homicidio, sancionado con 10 a 13 años de prisión.
Este fallo histórico reconoce la autonomía personal y el derecho a una muerte digna, subrayando que cada individuo tiene el derecho de tomar decisiones informadas sobre su vida, incluyendo el fin del sufrimiento debido a condiciones médicas graves e incurables. Además, la Corte solicitó al Ministerio de Salud desarrollar un reglamento para la práctica de la eutanasia activa dentro de dos meses y encargó a la Defensoría del Pueblo la elaboración de un proyecto de ley sobre esta materia para su aprobación por el Congreso en un plazo máximo de un año.
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