La Fiscalía de Delitos Económicos ha imputado a dos personas por estafas reiteradas en relación con la constructora Polo, que ha dejado sin vivienda a casi trescientos inversores. La fiscalía solicitó la inhibición general de bienes de los imputados y se llevaron a cabo allanamientos en tres inmuebles relacionados con la empresa. Se secuestraron quince cajas con documentación, postnets y celulares.
Los investigadores confirmaron que los únicos imputados son los titulares de las tres sociedades que operaban bajo la constructora. Estas personas controlaban las cuentas bancarias y el flujo de dinero, mientras que el personal operativo había sido reducido drásticamente desde febrero.
La abogada de los denunciantes, Rebeca Sánchez, reveló que la constructora usaba un sistema de tres sociedades para firmar contratos y emitir recibos, complicando la rastreabilidad de los pagos. Los afectados, en su mayoría, habían invertido sus ahorros en la esperanza de obtener su primera vivienda, con sumas que oscilan entre mil dólares y 25 millones de pesos.
