En el estudio Eduardo Christensen, hemos seguido de cerca el caso que involucra al exjefe del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Juan María Bouvier, y varios exjefes penitenciarios, acusados de conformar una asociación ilícita y múltiples extorsiones en las cárceles de Córdoba.
Se descubrió que había un tarifario para cada favor en la cárcel, como autorizar visitas íntimas, trasladar reclusos entre establecimientos, permitir el ingreso de celulares, entre otros.
Prisión Preventiva: El fiscal Enrique Gavier dictó prisión preventiva para todos los involucrados, recomendando su traslado a penales en otras provincias debido a los privilegios que aún recibían por sus antiguos empleados.
Investigaciones y allanamientos: Se realizaron allanamientos en las oficinas del SPC y se recomendó una intervención más profunda en el sistema penitenciario de Córdoba.
El fiscal Enrique Gavier recomendó trasladar a los imputados a otros establecimientos penitenciarios fuera de Córdoba para garantizar un trato adecuado y romper con la red de corrupción establecida. La investigación reveló la debilitación intencional de la seguridad penitenciaria, permitiendo el ingreso de elementos prohibidos a cambio de dinero, y la formación de bandas criminales dentro de las cárceles.
