La responsabilidad de socios y administradores dentro de entidades jurídicas se basa en distintos fundamentos, especialmente en el contexto de incumplimientos laborales. La Ley de Sociedades Comerciales (LSC), específicamente en su artículo 54, establece que la responsabilidad puede extenderse a los accionistas cuando se abusa del ente societario para fines distintos a los establecidos, configurando un fraude a la ley. Esta distinción es crucial para entender la diferencia entre las responsabilidades de los administradores y los socios, especialmente cuando se desestima la personalidad jurídica de la sociedad.
Los administradores y representantes deben actuar con lealtad y diligencia, asumiendo una responsabilidad ilimitada y solidaria por los daños resultantes de sus acciones u omisiones, según lo establece el artículo 59 de la LSC. Esto incluye el mal desempeño, la violación de la ley, el estatuto o reglamento, y los daños producidos por dolo, abuso de facultades o culpa grave.
El artículo 274 de la LSC añade que la responsabilidad puede individualizarse según las funciones asignadas personalmente a cada director, lo que puede ser clave para delimitar responsabilidades en grandes organizaciones y evitar imputaciones injustas o irrazonables. Esto sugiere una gestión de responsabilidades más equitativa, focalizando en aquellos directores específicamente encargados de áreas relacionadas con las infracciones laborales.
La jurisprudencia y doctrina han marcado que no toda irregularidad encubre fines extrasocietarios, pero sí pueden constituir un recurso para violar la ley y los principios de buena fe, justificando la extensión de condenas a los individuos detrás de la sociedad. La participación de los administradores puede ser por acción o por omisión, siendo necesario un vínculo causal con la transgresión legal para imputar responsabilidad personal.
Finalmente, se observa que la ley ofrece soluciones para mitigar los efectos del abuso de jurisdicción, permitiendo una evaluación individualizada de la responsabilidad de los administradores y ofreciendo una vía para gestionar de manera más justa y razonable las responsabilidades en el ámbito laboral, especialmente en organizaciones de gran envergadura.